A LA CIDH EN BUSCA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
El próximo 16 de noviembre se cumplen veintidós años de la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, Julia Elba Ramos y su hija adolescente Celina. Y este año los órganos Ejecutivo y Judicial le garantizaron la falta de castigo a sus responsables, al no capturarlos cuando eran reclamados por la Audiencia Nacional de España. Todo ello, sobre la base de una Fiscalía General de la República (FGR) incapaz de hacer su trabajo para lograr dentro del país su enjuiciamiento. Por el perverso funcionamiento de esas y otras instituciones, no sólo los responsables de estos crímenes contra la humanidad siguen intocables; también los de todas las atrocidades ocurridas antes y durante el conflicto armado salvadoreño.
En bien de toda la sociedad y no de un grupo privilegiado, entonces, el momento es más que propicio para impulsar acciones que muevan a la sociedad de la indignación a la acción, frente a un Estado confabulado contra la justicia y atrofiado por la impunidad. No es bueno seguir tolerando que por proteger a violadores de derechos humanos, criminales de guerra y responsables de delitos contra la humanidad, las mayorías populares tengan que morir a diario o sobrevivir en el paraíso de la delincuencia. ¡Sí! Eso es El Salvador y por ello, hoy en día, es el país más violento del mundo aunque no lo quieran aceptar quienes le agachan la cabeza –en la administración pública– a los poderes reales de ayer y ahora.
Considerando lo anterior y con la plena conciencia de que no hay más bases para la paz que la verdad y la justicia, un grupo de víctimas ha juntado sus anhelos y esfuerzos para realizar acciones tendientes a generar conciencia –dentro y fuera del país– sobre la falta de democracia y respeto de los derechos humanos en El Salvador cuando las autoridades estatales, a todo nivel, se niegan a satisfacer sus legítimas demandas. Dichas acciones a realizarse el próximo miércoles 2 de noviembre en Washington, D. C., son las siguientes:
1. Denunciar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de Francisco Ventura Reyes, universitario desaparecido en 1980; Rolando González Morales y Carlos Santos Menjívar, jóvenes detenidos y torturados en 1981 y 1983, respectivamente; Roque Dalton García, poeta asesinado en 1975; Félix Antonio Ulloa, Rector de la Universidad de El Salvador, asesinado en 1980; y Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres, asesinado en 1980. A excepción de Dalton, quien fue ejecutado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), el resto de la responsabilidad se atribuye a fuerzas gubernamentales; sin embargo, todas las denuncias son contra el Estado salvadoreño por negarles verdad, justicia y reparación a las víctimas.
2. Conversar con congresistas estadounidenses preocupados por la situación salvadoreña.
3. Conversar con organizaciones de derechos humanos e instituciones interesadas en el combate de la impunidad como Washington Office on Latin America (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Fundación para el Debido Proceso Legal (FDPL).
4. Conferencia de prensa para dar a conocer los casos presentados en la CIDH y el resultado de las gestiones realizadas como parte del presente esfuerzo.
San Salvador, martes 1 de noviembre del 2011.
“No es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos,
pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza”
(Segundo Montes, sacerdote jesuita, fundador del IDHUCA)
