Guatemala urgente

Video de las declaraciones de María del Carmen Tacam presidenta de los 48 Cantones de Totonicapan:

Las autoridades comunitarias de los 48 Cantones de Totonicapán del pueblo Kiché denunciaron en conferencia de prensa el asesinato de 4 comunitarios por disparos del ejército de Guatemala. Además denunciaron la represión desatada por el gobierno Otto Pérez Molina y que no se ha logrado cuantificar la cantidad de heridos y heridas por las armas del ejercito  y la policía nacional civil. El Estado de Guatemala inicio la represión en contra de las tomas pacíficas que el pueblo de Totonicapán inicio desde temprana hora para exigir el cese del cobro excesivo de la energía eléctrica, también para que el Estado y el Ministerio de Educación den marcha atrás con la reforma a la carrera magisterial y un rechazo rotundo a las reformas constitucionales que el gobierno pretende aprobar. Rechazaron la represión estatal y las expresiones violentas que los gobiernos utilizan en contra de los pueblos en Guatemala, especialmente los pueblos en defensa de los derechos colectivos, la Madre Tierra y el Territorio.

https://convergenciawaqibkej.wordpress.com/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GFJ7F8V0460

ALAIAMLATINA, 27/01/2012.- El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt.

Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 mil ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.

Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.

En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.

Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.

Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.

Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.

Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justicia. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes desde dentro y fuera del Estado no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.

En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.

- Mario Sosa es Coordinador de Comunicación y Propaganda del Frente Popular, Guatemala.

Documento Relacionado:
Efraín Ríos Montt acusado de genocidio, ligado a proceso, Pérez Gómez Rocizela [2012-01-27] http://alainet.org/active/52384

Mas informacion: http://alainet.org

A LA CIDH EN BUSCA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

El próximo 16 de noviembre se cumplen veintidós años de la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, Julia Elba Ramos y su hija adolescente Celina. Y este año los órganos Ejecutivo y Judicial le garantizaron la falta de castigo a sus responsables, al no capturarlos cuando eran reclamados por la Audiencia Nacional de España. Todo ello, sobre la base de una Fiscalía General de la República (FGR) incapaz de hacer su trabajo para lograr dentro del país su enjuiciamiento. Por el perverso funcionamiento de esas y otras instituciones, no sólo los responsables de estos crímenes contra la humanidad siguen intocables; también los de todas las atrocidades ocurridas antes y durante el conflicto armado salvadoreño.

En bien de toda la sociedad y no de un grupo privilegiado, entonces, el momento es más que propicio para impulsar acciones que muevan a la sociedad de la indignación a la acción, frente a un Estado confabulado contra la justicia y atrofiado por la impunidad. No es bueno seguir tolerando que por proteger a violadores de derechos humanos, criminales de guerra y responsables de delitos contra la humanidad, las mayorías populares tengan que morir a diario o sobrevivir en el paraíso de la delincuencia. ¡Sí! Eso es El Salvador y por ello, hoy en día, es el país más violento del mundo aunque no lo quieran aceptar quienes le agachan la cabeza –en la administración pública– a los poderes reales de ayer y ahora.

Considerando lo anterior y con la plena conciencia de que no hay más bases para la paz que la verdad y la justicia, un grupo de víctimas ha juntado sus anhelos y esfuerzos para realizar acciones tendientes a generar conciencia –dentro y fuera del país– sobre la falta de democracia y respeto de los derechos humanos en El Salvador cuando las autoridades estatales, a todo nivel, se niegan a satisfacer sus legítimas demandas. Dichas acciones a  realizarse el próximo miércoles 2 de noviembre en Washington, D. C., son las siguientes:

1.   Denunciar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de Francisco Ventura Reyes, universitario desaparecido en 1980; Rolando González Morales y Carlos Santos Menjívar, jóvenes detenidos y torturados en 1981 y 1983, respectivamente; Roque Dalton García, poeta asesinado en 1975; Félix Antonio Ulloa, Rector de la Universidad de El Salvador, asesinado en 1980; y Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres, asesinado en 1980. A excepción de Dalton, quien fue ejecutado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), el resto de la responsabilidad se atribuye a fuerzas gubernamentales; sin embargo, todas las denuncias son contra el Estado salvadoreño por negarles verdad, justicia y reparación a las víctimas.

2.   Conversar con congresistas estadounidenses preocupados por la situación salvadoreña.

3.   Conversar con organizaciones de derechos humanos e instituciones interesadas en el combate de la impunidad como Washington Office on Latin America (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Fundación para el Debido Proceso Legal (FDPL).

4.   Conferencia de prensa para dar a conocer los casos presentados en la CIDH y el resultado de las gestiones realizadas como parte del presente esfuerzo.

San Salvador, martes 1 de noviembre del 2011.

“No es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos,

pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza”

(Segundo Montes, sacerdote  jesuita, fundador del IDHUCA)

MILITARES SALVADOREÑOS ENEMIGOS DE LA PAZ

Oscar Martínez Peñate

La FAS fue el revólver de la oligarquía para disparar contra el pueblo salvadoreño que demandaba respeto a los derechos humanos, económicos, civiles y políticos. “La Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad eran los símbolos del poder, eran los íconos”[i].

Sin embargo, la FAS evolucionó de ser un simple instrumento del poder económico a convertirse en protagónico, esta metamorfosis ocurrió en el contexto del conflicto armado, lo que la llevó a desarrollar cierta autonomía.

La FAS en la última etapa del conflicto se dedicó a secuestrar a miembros de la oligarquía, los extorsionaba con millones de dólares, haciéndose pasar como guerrilleros o simples miembros de bandas delincuenciales.

La corrupción de la FAS era conocida por la oligarquía, los diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos acreditada en El Salvador y los funcionarios americanos en Washington, reconocían “que la corrupción era extrema”[ii].

Según la Oficina  General de Auditoria (GAO) del gobierno de los EE.UU., la FAS estafaba a los Estados Unidos[iii], la corrupción de esta institución militar no tenía límites y estaba fuera de control de la oligarquía salvadoreña y de la Administración Estadounidense, los militares habían convertido el conflicto armado en fuente de enriquecimiento. “En estudios desarrollados por institutos de investigación social salvadoreños se desprende que de cada diez dólares dados por los EE.UU. para la guerra, nueve se perdían en los vericuetos de la corrupción y solamente uno llegaba al fin propuesto”[iv].

La corrupción dentro de la institución era tan generalizada que, según Schwarz, todos los asesores estadounidenses que sirvieron en El Salvador a finales de los ochenta coincidieron en que “los militares salvadoreños no querían ganar la guerra, porque si lo hicieran perderían la ayuda estadounidense que les ha permitido enriquecerse durante la última década”[v].

Los catorce jefes militares de mayor rango en las FAS, destacados en cada departamento de El Salvador, tenían plazas fantasmas de soldados, estas brigadas ficticias estaban en planilla de salarios, Joel Millman afirmó en el New York Times, “cada año, los catorce jefes militares más altos se reparten veinte mil salarios entre ellos; si cada paga alcanza la suma de 100 dólares mensuales, estaríamos hablando de unos 24 millones de dólares que se desvían para ese fondo”[vi].

La corrupción de la FAS, inclusive, causó malestar a su interior, el Movimiento de Oficiales Jóvenes “Domingo Monterrosa Vive”, enviaron una carta al presidente Alfredo Cristiani, exigían que se investigara al general García, a los hermanos Vides Casanova, a los coroneles Morán, Nicolás Carranza, Flores, Yanes y a Humberto Villalta[vii]. Algunos de estos se había ido a residir al extranjero en especial a los EE.UU., otros se convirtieron en terratenientes y empresarios[viii].

Los oficiales de la FAS en el contexto de guerra incrementaron el contrabando, el tráfico de armas, drogas, vehículos robados, personas[ix], etc.

Efectivamente, sin la participación o complicidad de algunos oficiales de la Fuerza Armada, bajo cuya custodia estaban las fronteras, los puertos y aeropuertos, el control de carreteras, etc., no hubiera sido posible un incremento de gran magnitud, como el que hubo, en el contrabando de mercadería, tráfico de armas y de droga, bandas internacionales de robacarros, redes para el paso de emigrantes indocumentados, industria del secuestro, etc.[x]

Los soldados tenían la moral baja porque estaban peleando obligados so pena de muerte al negarse, era una guerra contra su propio pueblo y, mientras tanto, la oficialidad se enriqueció a costa de los muertos, heridos y minusválidos que ponía el pueblo.

La soldadesca de la FAS pertenecía a los más pobres de El Salvador, habían sido reclutados, la gran mayoría a la fuerza, en verdaderas cacerías humanas, peleaban una guerra  impuesta por la oligarquía, sin embargo los hijos e hijas de éstos se encontraban en el extranjero, disfrutando de los miles de millones de dólares captados de la ayuda militar estadounidense, del erario público y producto de las injustas estructuras de explotación que le imponían al pueblo salvadoreño.

Por tal razón, los soldados engañaban a sus oficiales, por ejemplo el oficial al mando preguntaba por radio a los soldados que había enviado al campo de batalla que si ya habían cumplido la misión encomendada, respondían que sí, pero realmente no la habían hecho, el oficial satisfecho con la respuesta les ordenaba regresar[xi].

Los soldados tenían miedo de ser heridos, quedar lisiados o perder la vida, según datos oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador, durante el conflicto armado “fueron casi 28.000 los miembros de la institución que murieron o resultaron heridos en acción, quedaron lisiados o desaparecidos”[xii].

En otras ocasiones los soldados cuando se encontraban en zona de combate encendían sus radios para que la música fuera oída por los guerrilleros, para no tener enfrentamientos militares al encontrarse sorpresivamente y poner en peligro innecesario sus vidas, era una forma de aviso[xiii].

Varios soldados capturados por el FMLN le expresaron a Charles Clements, médico estadounidense y ex veterano de la guerra de Vietnam, lo siguiente: “En la zona de Guazapa, conocida por ellos como “el cementerio”, el pago de diez colones al sargento indicado lo excusa a uno de un patrullaje nocturno por la carretera a Suchitoto”[xiv], en este caso se conjugaba el binomio baja moral con corrupción de la tropa.

El binomio en mención llegó a los extremos que los soldados le vendían armas al FMLN, “muchos soldados no resistían la tentación de hacer dinero. También vendían información”[xv].

No obstante, el mayor negocio sin lugar a dudas lo realizaban los militares salvadoreños de alto rango, por tal motivo al defender la guerra protegían el negocio que estaban haciendo de la misma, la oposición a la reforma constitucional de la FAS y a la depuración no era por lealtad castrense sino porque se sanearía la institución y ellos serían sacados de la FAS por corruptos. “En los círculos políticos de Washington existe cada vez más el convencimiento de que la política hacia El Salvador ha sido un fracaso y que el principal obstáculo para la paz es la Fuerza Armada”[xvi].

Los oficiales de la FAS tenían ante la población salvadoreña un discurso pacifista y una imagen democrática y honesta, el coronel René Emilio Ponce decía: “Estamos actualmente interesados en un proceso de diálogo que persigue esencialmente, el logro de la paz en nuestro país”[xvii].

La FAS tenía el control de la población civil a través de la Policía Nacional (PN), Policía de Hacienda (PH) y la Guardia Nacional (GN), eran los cuerpos de “seguridad pública”, encargados de obtener información sobre las personas que criticaban a la dictadura, asimismo sobre los agremiados, sindicalistas y miembros de la oposición política; sólo la GN y la PN tenían, entre 6,500 y 7,000 mil efectivos[xviii].

Cuando en el proceso de negociación se abordó la eliminación de los cuerpos de seguridad, la FAS reaccionó violentamente porque se le querían cercenar los tentáculos del control sobre la ciudadanía y, los principales órganos policíacos violadores de los derechos humanos.

En el proceso de diálogo se puso sobre la mesa de negociación la depuración de los militares corruptos y violadores de los derechos humanos, en ese momento los oficiales de la FAS se volvieron fieles defensores del ordenamiento jurídico de El Salvador.

La extrema derecha, incluida la mayoría de los militares, ha demostrado que sus temores no radican en cambiar la letra de la Constitución, sino en que se ponga fin a la impunidad de la cual han gozado y que les ha permitido neutralizar eficazmente todos los intentos para democratizar el país. En sentido estricto, la democratización es contraria a sus intereses y a su modo de vida[xix].

La FAS fue enemiga del proceso de negociación y de la paz en El Salvador, además de haber violado sistemáticamente los derechos humanos y haber cometido crímenes de lesa humanidad. No obstante, el presidente Armando Calderón Sol en su calidad de comandante general de la FAS, afirmó exactamente lo contrario.

Calderón Sol en la celebración del día del soldado, el siete de mayo de 1999, se dirigió a la FAS y les dijo: “reconociéndoles a todos su aporte significativo a la consolidación de la paz y la democracia, así como al proceso de desarrollo nacional”[xx].

NOTA: Este artículo puede ser reproducido y reenviado, siempre y cuando se cite al autor.

Gobernaba entonces, tras una asonada castrense, el general Efraín Ríos Montt, ahora diputado al Congreso de la República por el partido Frente Republicano Guatemalteco.

Aquella masacre formó parte de las decenas cometidas por las fuerzas de seguridad y los paramilitares durante el conflicto armado (1960-1996), en aplicación de la política de tierra arrasada destinada a acabar con la guerrilla y sus bases de apoyo.

Según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), el 6 de diciembre de 1982 miembros de las fuerzas especiales kaibil ingresaron Las Dos Erres acompañados por un pelotón de 40 soldados.

Concentraron a hombres, mujeres y niños en la escuela y la iglesia del lugar donde los sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso a varias adultas, menores y adolescentes las violaron.

Posteriormente todos fueron conducidos a un pozo de la localidad y ejecutados, primero los niños lanzándolos vivos, después las mujeres y por último los hombres.

Una denuncia fue presentada 14 años después de la matanza, cuando se realizaron las exhumaciones de los restos, pero hasta ahora todos los responsables permanecían en la más absoluta impunidad.

En este tiempo los abogados defensores de los militares acusados obstruyeron la aplicación de la justicia al interponer decenas de amparos con el consiguiente retardo malicioso e injustificado, según la Famdegua.

Esta, como querellante adhesivo, le ha dado seguimiento al caso y ahora se logra el inicio de un juicio contra cuatro de los imputados por aquella acción criminal, una de las varias por las cuales se responsabiliza a Ríos Montt como genocida.

Al respecto, la agrupación calificó el proceso como una luz en la lucha contra la impunidad en Guatemala, donde varios entes coinciden en otorgarle 98 por ciento sin llegar a conclusiones en hechos criminales, la mayoría sin siquiera ir a los tribunales.

En el de Las Dos Erres solo ocho involucrados en la matanza fueron detenidos, a pesar de existir órdenes de aprehensión para 18 exkaibiles, de los cuales dos fallecieron.

Fte: http://www.argenpress.info/